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Mayolica

Intromisión Del Estado En La Intimidad Familiar

S. E. R. Mons. Héctor Aguer
Arzobispo de La Plata

 
AL cabo de un dilatado trámite legislativo se ha impuesto por ley el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que fue precedido por disposiciones similares en varias provincias y municipios. Los propósitos concretados en este proyecto se dirigen a asegurar la "salud reproductiva" de una población que, en la desarticulada y empobrecida Argentina de nuestros días, no puede disfrutar de una asistencia sanitaria satisfactoria. En su momento, la discusión de los esquemas previos al que finalmente llegó a la sanción ofreció la oportunidad de ventilar diversas motivaciones de la iniciativa: algunas se apoyaban en dudosas estadísticas, otras eran de marcado acento ideológico. Se procuró no exponer en primera línea las razones demográficas que suelen exhibir los partidarios de la anticoncepción. Otras banderas flamearon: la reivindicación de los derechos reproductivos de la mujer, un tópico ˆ la page del feminismo extremo; el principio democrático de igualdad de oportunidades a favor de los pobres, porque se supone que los ricos tienen ciencia y recursos para practicar un "sexo seguro"; la prevención de la morbilidad y mortalidad materna, sugiriendo oscuramente que el embarazo es una enfermedad.
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El programa consagra una nueva intromisión del Estado en la intimidad de la familia y de la vida personal de los ciudadanos, desmañado sucedáneo de una buena política familiar. Los legisladores han asumido como deber y función del Estado el estímulo de una procreación responsable, como si estuviera en la capacidad y competencia de los organismos públicos determinar cuándo es responsable la procreación, o medir la salud sexual de los argentinos. Aquí despunta la veta ideológica de la iniciativa, y con ella una visión reduccionista de la persona humana y del orden familiar, una concepción de la sexualidad desligada del amor, el matrimonio y la familia.
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Las disposiciones de la ley apuntan, fundamentalmente, a difundir información, previa preparación de agentes para esa tarea, y al reparto gratuito de anticonceptivos. Al conocerse el texto, algunos se sintieron aliviados, considerando que podría haber resultado peor; sin embargo, los puntos salientes del programa dan pábulo a graves inquietudes. Se podrán prescribir sólo métodos de carácter reversible, transitorios y no abortivos, pero la ley añade una referencia al organismo estatal encargado de aprobar los medicamentos, que ha autorizado fármacos abortivos; no se contempla expresamente el derecho a la objeción de conciencia de educadores y profesionales de la salud; se reconocen los derechos y obligaciones que dimanan de la patria potestad, pero este reconocimiento podría entenderse en colisión con el interés superior del niño, al cual se apela como dato primordial.
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Las objeciones más serias han de dirigirse a la orientación de fondo de un programa que promueve la información y no la formación para un ejercicio responsable de la función sexual. En lo que se refiere a los jóvenes, el propósito de prevenir el embarazo adolescente o "no deseado" quedará frustrado sin la educación de aquéllos en los valores personales, afectivos y éticos, que constituyen la fuente de una genuina libertad. Se fomenta implícitamente, bajo el amparo de una falsa seguridad, la desquiciante libertad de tener relaciones sexuales cuando quieran y con quien quieran, con tal que "se cuiden". Lo que nuestros adolescentes necesitan es una educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia; comprender que el sexo no debe escindirse del amor y que "el verdadero amor espera".
 
Es una falacia presentar la anticoncepción asequible a todos como el remedio más eficaz contra el aborto; ambas conductas están vinculadas en una raíz común: una mentalidad hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad y un concepto egoísta de la libertad.
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Ideología imperialista
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Se sabe con certeza que estos programas de "salud reproductiva" son impuestos a los pueblos bajo presiones de organismos vinculados con las Naciones Unidas y de los centros financieros internacionales, que condicionan el otorgamiento de créditos a la adopción de medidas antinatalistas. Estas suelen ser sufragadas con fondos que pasan a engrosar el peso de la deuda externa. El designio aparece claro en el Informe Kissinger de 1974, en el que se estudian las implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de los Estados Unidos y de sus intereses de ultramar. Estas ideas inspiran la política norteamericana y la de las organizaciones internacionales empeñadas en cegar las fuentes de vida en los países pobres; es una nueva versión del imperialismo que se basa en una ideología totalitaria: la doctrina de la seguridad demográfica. Los representantes del pensamiento "progresista" promueven la anticoncepción sin advertir que adoptan las pautas culturales del capitalismo salvaje.
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La Argentina, país despoblado, necesita que nazcan muchos niños, hijos de esta tierra, y que puedan ser criados y educados dignamente por sus familias. Al Estado le corresponde, en todo caso, trazar y ejecutar una correcta política de población, que no ha existido prácticamente nunca en el país, y aplicar oportunos remedios y ayudas a una crisis de la familia que ya comienza a reflejarse, estableciendo un círculo vicioso, en una legislación que la incentiva.

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